Una información publicada por el diario El País el pasado 11 de abril señala que los 54.000 pescadores aficionados de Cataluña extraen 1.300 toneladas de pescado al año. La cifra se presenta como un inapelable justificante para implantar nuevas restricciones a esta actividad. El director de Pesca de la Generalitat, Sergi Tudela, plantea limitar la captura de algunas especies para protegerlas de la sobreexplotación, aun admitiendo que «antes de imponer medidas debemos hacer un diagnóstico para tener una idea clara de gestión».

Sin embargo, en el texto no hay rastro del que quizás sea el dato más relevante para analizar la cuestión. ¿Qué porcentaje representan esas 1.300 toneladas sobre el conjunto de la pesca en Cataluña? Llibori Martínez, CEO del Foro para las Actividades Subacuáticas Sostenibles (IFSUA en sus siglas en inglés), responde a la pregunta: «Un 5%». Conclusión: el 95% restante, hasta alcanzar 26.000 toneladas, corresponde a la otra flota: la profesional.

La comparativa es elocuente, pero, por alguna razón difícil de explicar, la figura del pescador recreativo, como la del navegante, goza de mala reputación en nuestro país. Y Baleares no es una excepción.

Las limitaciones que se han ido imponiendo año tras año por las autoridades regionales, aprovechando que se trata de un colectivo por lo general individualista, muy atomizado y sin voz en los medios, amenazan con liquidar una actividad de indudable arraigo social y que genera un importante impacto en la economía balear.

La administración autonómica, espoleada por el mantra de la sostenibilidad y apoyada en entidades supuestamente conservacionistas mucho mejor organizadas que los pescadores de recreo, ha impuesto un modelo de Reservas Marinas de Interés Pesquero (RMIP) que a simple vista puede parecer el paradigma de la buena gestión ambiental y de los recursos naturales, pero que en realidad esconde numerosas contradicciones. La más clamorosa es que en todas ellas se permite la actividad profesional (un 95% más extractiva, si nos ceñimos al estudio catalán), mientras se restringe, cada vez con más intensidad, la pesca recreativa. 

Partiendo de la premisa de que lo que se limita en las reservas es principalmente la pesca de recreo, la realidad a día de hoy en Baleares es que cada vez quedan menos lugares donde poder largar un volantín y no digamos ya sumergirse con un fusil de pesca submarina. Según datos que maneja IFSUA, la superficie marina supuestamente protegida en Mallorca, Ibiza y Formentera es del 31%, cifra que sube al 41% en el caso de Menorca, teniendo en cuenta una distancia de 12 millas desde la costa. Pero las restricciones son más elevadas a medida que nos acercamos a tierra. En el caso de Formentera, el 58% de los primeros 100 metros están cubiertos por Áreas Marinas Protegidas. Las previsiones de ampliación, que podrían alcanzar los 200 kilómetros cuadrados, hacen «temblar» al colectivo de los recreativos. No obstante, sólo 0,23% del conjunto cuenta con protección integral.

COTO PRIVADO

Andrés Sureda, pescador submarino, actividad que se desarrolla siempre en apnea, habla sin tapujos: «Las reservas son los cotos privados de la pesca profesional. Están hechas para defender los intereses de las cofradías a costa de restringir los derechos de los pescadores recreativos, y en particular los submarinos».

En efecto, según explica Llibori, en Baleares existen 1.570 kilómetros cuadrados de área marina protegida. Según los datos que maneja IFSUA, en el 97% de esa superficie está permitida la pesca profesional. La recreativa en embarcación con modalidades limitadas es posible sólo en un 36,2% del espacio protegido. La submarina, con un 14,3%, es la más castigada por las limitaciones, a pesar de ser la más selectiva. Las reservas integrales, donde se prohíbe por completo cualquier tipo de pesca, representan un irrisorio 2,9%.

Sureda tiene su propia teoría al respecto: «El Govern balear vende su política proteccionista hablando de grandes extensiones de reservas, pero oculta a la opinión pública lo que realmente ocurre en ellas. Los submarinistas lo sabemos porque vemos lo que pasa bajo la superficie y estamos en condiciones de demostrarlo. La gente no es consciente de la realidad ni de los destrozos que se producen en esas zonas supuestamente protegidas».

Volviendo a los datos de Cataluña, Llibori aporta razones de peso no sólo para cesar la persecución contra los pescadores recreativos, sino para promover su actividad: «La pesca recreativa tiene un impacto muy inferior a la profesional y genera un gran beneficio. El recreativo paga, de media, 67 euros por cada kilo de pescado que extrae. Esa cantidad es la que invierte en material y que permite la existencia de toda una industria vinculada a los aficionados a la pesca».

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Los pescadores recreativos de Baleares asumen que nunca han estado organizados y que esta división ha contribuido a que no tenga influencia sobre las decisiones que se adoptan en materia pesquera. La situación, una vez aceptada esta debilidad histórica por parte del propio colectivo, está a punto de dar un vuelco. Asociaciones, federaciones, clubes y aficionados que hasta ahora hacían la guerra por su cuenta dicen haber encontrado en las «falsas reservas» el nexo de unión para organizarse en un frente común. Todas coinciden en que la dirección general de pesca no tiene intención de atender sus reivindicaciones, más bien lo contrario, y en que ha llegado el momento de poner sobre la mesa las paradojas que encierra el modelo de las Reservas Marinas de Interés Pesquero. «Es verdad que nunca hemos estado unidos, pero la situación ha llegado al límite. O vamos todos juntos en esto o desaparecerán la pesca submarina y de recreo en superficie antes de que demos cuenta», advierte Andrés Sureda.

https://www.gacetanautica.es/secciones-ampliadas/4325/1/48/falsas-reservas-pesca-profesional/